Luego de que Keiko Fujimori asegurara que Dina Boluarte “llegó a la presidencia de forma legal y constitucional” se confirma que la denuncia del supuesto fraude siempre fue una campaña elaborada en alianza con sus aliados, en perjuicio de Pedro Castillo y las millones de personas que confiaron en sus promesas.
Desde hace dos años, Fujimori, aliada a un pequeño grupo de políticos y empresarios, ha movilizado a un grupo de personas, especialmente limeños, que se creyeron el cuento de la “lucha contra el comunismo” en defensa de los “verdaderos intereses del Perú”, lo que en realidad se traduce en la defensa del sistema que los ha mantenido por décadas en todos los poderes del Estado.
Desde la destitución de Pedro Castillo, este grupo político y económico gobierna junto a los militares y policías y en sus ansias de quedarse en el poder, han asesinado a compatriotas, han encerrado en la cárcel a dirigentes acusándolos de terroristas, difaman a periodistas que los exponen, entre otras acciones de persecución. Recientemente, la Corte Suprema ha calificado a la protesta violenta como delito. Por otro lado, no hay hasta ahora un verdadero avance en las investigaciones preliminares de la Fiscalía contra los responsables por los asesinatos de los peruanos durante las protestas contra el actual gobierno.
Además, desde julio de 2021, los congresistas que representan a este grupo se han encargado de darle todo el poder al Parlamento, modificando la Constitución que dicen no querer cambiar y poco a poco van copando las instituciones del Estado. Hoy este grupo de congresistas junto a los parlamentarios de Perú Libre, el partido con el que Castillo llegó a ser presidente, nombraron a un Defensor del pueblo que responde a sus intereses. No es la primera vez que las bancadas de ambos partidos votan juntos por intereses políticos.
Aún así, todos los mencionados aseguran defender al Perú. ¿A qué Perú defienden?
